La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum a España para que incorpore a su legislación nacional las nuevas directivas europeas sobre gestión de residuos, la Directiva (UE) 2018/851, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, así como la Directiva (UE) 2018/852, relativa a los envases y residuos de envases; de lo contrario, procederá a elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
La amenaza toma la forma de dictamen motivado, la última fase antes de llevar el asunto al tribunal de Luxemburgo si las autoridades españolas persisten en el incumplimiento. España todavía no ha adoptado las normativas europeas a pesar de que la primera advertencia fue enviada en octubre de 2020.
Junto a España, ha enviado un ultimátum para transponer dicha Directiva a Bélgica, Chequia, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.
Respecto a la Directiva de envases y residuos de envases, el ejecutivo europeo ha reclamado también a España que actualice su legislación con las modificaciones incluidas en ella. Dicha Directiva obliga a los países de la UE a adoptar medidas para evitar la generación de residuos de envases y reducir al mínimo el impacto medioambiental de los envases.
En este caso, el dictamen motivado se ha enviado también a Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia.
Muchos sectores sociales critican el hecho de que las administraciones españolas, en materia ambiental, solo actúan a remolque de las directrices o exigencias comunitarias; rara vez incorporaran más ambición que la recogida en las normas europeas, y casi siempre actúan in extremis o fuera de plazo.
Cabe destacar que el Gobierno remitió recientemente a las Cortes el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que transpone las últimas Directivas sobre residuos, y que se espera que sea aprobado definitivamente antes de final de año.
