Ayer jueves 28 de septiembre se presentó a las 18 horas en el Centro Cultural Medina Elvira en Atarfe el estudio realizado por la ONG Rethinking, Observatorio de Residuos, titulado «Estudio de Tasas de residuos en la provincia de Granada (2016)».
El estudio analiza en detalle las tasas de basura de los 172 municipios que componen la provincia de Granada. La primera conclusión es que todos los municipios, a excepción de Almuñécar, poseen tasas sobre la gestión de residuos para financiar el servicio.
A pesar de que el modelo de recogida de residuos, basado en principalmente en cuatro contenedores (envases, vidrio, papel y orgánico-resto), es el mismo en todos los municipios y que el tratamiento de todos los residuos municipales se realiza en las instalaciones de la Diputación, donde el coste unitario es igual para toda la provincia, encontramos una gran disparidad de precios en tasas que pagan los ciudadanos atendiendo al municipio donde viven. De esta forma tenemos que el municipio donde menos tasa pagan las viviendas es en Darro, con 24,08 € por año, mientras que Maracena es el más caro, donde la tasa que pagan las viviendas es de 152,39 € al año. En términos generales, el coste medio que paga cada vivienda al año en la provincia es de 91,77 euros.
Intentar explicar la enorme diferencia que podemos llegar a encontrar entre unos municipios y otros puede llegar a ser complicado, si bien en muchos casos hay que apelar a la antigüedad de las ordenanzas fiscales de algunos municipios y al hecho de que en otros tantos las tasas no llegan a cubrir la totalidad de los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Es interesante observar como la edad media de las tasas de basura es superior a 4 años –una legislatura–, y que se alcanzan extremos como en Agrón y Morelabor, donde las tasas datan del año 1989; es decir, en la época en que no existía recogida selectiva y tampoco había tratamiento, depositándose los residuos en vertederos incontrolados o en barrancos cercanos a los cascos urbanos. Por otro lado, es asombroso advertir como sólo 4 de cada 10 municipios hacen alusión en la base imponible de la tasa (el concepto por el cual se cobra) a la recogida y el tratamiento, mientras que el resto aluden sólo a la recogida, lo que podría dar pié en un futuro a subida de tasas para cubrir los costes del tratamiento.
Desde la Unión Europea se incita a los gestores municipales a aplicar el principio de “quien contamina paga”; es decir, que a mayor generación de residuos más se debería pagar. En el caso de la provincia de Granada, al igual que en el resto de España, el hecho de que los contenedores de basura se encuentren ubicados en las vías publicas dificulta la aplicación de este principio. Así mismo, las ordenanzas fiscales analizadas muestran una ausencia general de criterios ambientales en su articulación. En el caso de las tasas domiciliarias dominan en un 85% las tasas fijas. Las tasas comerciales se articulan generalmente en función de la actividad y la superficie, y están también ausentes los casos de beneficios fiscales complementarios que incentiven las buenas prácticas. Este hecho sugiere que el potencial que presentan las tasas de residuos para mejorar la gestión de los residuos no está suficientemente explotado. La aplicación de esquemas de pago por generación que fomentan la recogida selectiva sólo se aprecia en precio público que la Diputación tiene para el servicio de tratamiento de los residuos municipales procedentes de recogidas particulares.
Los municipios granadinos gastan en la gestión de sus basuras cerca de 60 millones de euros al año; el equivalente a 65,24 € por habitante. De esta cantidad 54,30 € van destinados a la recogida y 10,94 € van destinados al tratamiento de los residuos. Esta cifra es ligeramente inferior a la media nacional, donde el coste por habitante y año es de 72 €, repartidos en 41 € para la recogida y 31 € para el tratamiento. De esta comparativa se puede observar el desequilibro importante que hay en la provincia de Granada entre los costes de recogida y tratamiento.
Previsiblemente en un futuro aumente los costes de tratamiento para poder conseguir los ratios de reciclado exigidos por la normativa vigente y de los que actualmente nos encontramos lejos de alcanzar. A día de hoy el 75% de los residuos que generamos en nuestros municipios terminan en los vertederos. Según la normativa nacional, en el año 2020 habrá que reciclar el 50% de los residuos que generamos. Desde Europa se están proponiendo nuevas normas que obliguen a los estados a no llevar a los vertederos más de un 10% de los residuos municipales que produzcan. Por consiguiente serán necesarios realizar grandes esfuerzos en los próximos años si no se quiere perder el tren del reciclado.
En vista de las cuestiones expuestas, parece sensato concluir que para que las tasas de residuos alcancen un papel protagonista en el camino hacia una gestión eficiente de los residuos, de acuerdo con los principios y objetivos promulgados en las normativas europeas, nacionales y regionales, su articulación requerirá cambios sustanciales a medio plazo. Las experiencias de otros países sugieren que las tasas de residuos son un instrumento central tanto para la adecuada financiación del servicio como para generar incentivos hacia una gestión más eficiente.
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