El pasado miércoles 18 de abril se aprobaron en el Parlamento Europeo las cuatro Directivas relacionadas con la gestión de residuos y que son el pilar de la economía circular y un compromiso con el desarrollo sostenible, mediante la integración de las políticas industriales y la protección medioambiental.
Con estas normativas la UE persigue principalmente poner coto al derroche de materiales y recursos incentivando el reciclaje y limitando la entrada de residuos en los vertederos. Para ello se han establecido unos objetivos de reciclado y unos plazos para cumplirlos. Antes del año 2025, al menos el 55% de los residuos municipales (procedentes de hogares y empresas) tendrán que reciclarse. El objetivo aumentará al 60% en 2030 y al 65% en 2035. Estos objetivos son más ambiciosos para el caso de los envases, el 65% de los cuales deberán reciclarse antes de 2025, y el 70% antes de 2030.
Para ayudar a alcanzar estos objetivos de reciclado la Comisión Europea ha aprobado el Paquete de Economía Circular (PEC) entre cuyas medidas se encuentra la financiación con 6.150 millones de euros para proyectos de Administraciones públicas y empresas con los que se favorezca la economía circular.
Uno de los puntos a los que se le ha dedicado especial atención es la gestión de los residuos orgánicos, que componen casi la mitad de nuestra bolsa de basura. En línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los estados miembros deberán aspirar a reducir el desperdicio de alimentos un 30% para 2025 y a la mitad en 2030. La nueva Directiva de residuos obliga a los municipios a implantar la recogida selectiva de la materia orgánica antes de que finalice el año 2023.
España está todavía lejos de esos objetivos que imponen las nuevas Directivas. Con 443 kilos de residuos por persona y año, sólo el 29,7% se recicla. Según la agencia de estadística europea, Eurostat, el grueso de los residuos que producimos en España acaba en vertederos(56,7%), mientras que el 13,6% se incinera.
Situación de la provincia de Granada
En la actualidad la provincia de Granada se encuentra por debajo de la media nacional, ya que sólo se recicla el 24% de los residuosque producen los municipios. Es decir, que 3 de cada 4 kilos de residuos que producimos terminan en los vertederos, a pesar de las continuas campañas de comunicación para favorecer la recogida selectiva y de las mejoras que se han llevado a cabo en los últimos años en las plantas de tratamiento.
A pesar que los residuos que producimos en nuestros hogares contienen una importante cantidad de materiales potencialmente reciclables (entorno al 80%), y a pesar que llevamos 20 años con un modelo de recogida basado principalmente en 4 contenedores: envases, vidrio, papel y resto, en nuestra provincia la recogida selectiva no termina de imponerse. Sólo el 16% de los envases, el 31% del papel y el 36% del vidrio se recogen de forma selectiva. El resto de estos materiales reciclables va junto a la materia orgánica y otros residuos, lo que complica su recuperación y reciclado, siendo el motivo principal de los bajos porcentajes de reciclado en la provincia de Granada.
Observando la evolución que ha tenido tanto la recogida selectiva como la recuperación de materiales en las plantas de tratamiento se llega a la conclusión que se deberán introducir importantes cambios en la gestión de residuos si se pretenden alcanzar los objetivos marcados tanto por el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) para el año 2020, como los que establecen las Directivas europeas aprobadas estos días.
La consecuencia del mal funcionamiento de la gestión de residuos es la pérdida de materias primas que terminan en el vertedero y cuyo valor puede alcanzar varios millones de euros al año, la pérdida de puestos de trabajo que se podrían generar mejorando la recogida y tratamiento de residuos, además de la emisión de gases de efecto invernadero al no tratar correctamente los residuos orgánicos.
Como decía Albert Einstein: “si persigues objetivos diferentes no sigas haciendo lo mismo”. Es por ello que apelamos desde nuestra asociación a una mayor implicación de todas las Administraciones, tanto los municipios, como la Diputación y la Junta de Andalucía. Es lamentable que a día de hoy no existan planes de gestión por ninguna de estas Administraciones que afronten con garantías los retos que conlleva la implantación de una economía circular.
El ayuntamiento de Granada tiene desde diciembre de 2016 aprobada una moción para el desarrollo de un plan de gestión municipal de residuos que debía haber salido a la luz pública en el 2017 y que a fecha de hoy no se sabe nada de él. La Diputación de Granada con responsabilidad en la gestión de residuos para los municipios menores de 20.000 habitantes tampoco tiene una planificación que afronte estos retos. En la misma línea la Junta de Andalucía está hablando desde hace años en la redacción de un nuevo plan integral de gestión de residuos que no termina de arrancar. Entre tanto, otras Administraciones en diferentes regiones y ciudades de España llevan años trabajando y avanzando en estrategias que favorezcan la economía circular, lo que favorecerá su desarrollo económico y ambiental.
Apostar por la economía circular es invertir en un futuro sostenible que traerá puestos de trabajo y riqueza a esta provincia. Esperemos que dentro de unos años no tengamos que lamentarnos de que este tren tampoco llegó a esta provincia.
