Debido a los bajos niveles de recogida selectiva y a las mejoras necesarias en las plantas de tratamiento, en Andalucía se tiran actualmente al vertedero al año materiales reciclables por valor de más de 150 millones de euros.
La nueva Ley impone una nueva recogida selectiva de los residuos orgánicos a partir de julio de este año y establece un nuevo impuesto a partir del próximo enero, que supondrá otros 115 millones de euros para los municipios de Andalucía.
Con motivo del Día Mundial del Reciclado que mañana se celebra, hemos hecho un análisis de la situación en la que se encuentra la provincia de Granada frente al reto que constituye alcanzar los objetivos de la nueva Ley de residuos.
Del análisis se deduce que no solo se está muy lejos de cumplir los objetivos de recogida selectiva y reciclado, sino que las pérdidas económicas son millonarias y se van a incrementar en el futuro con la entrada de un nuevo impuesto a los residuos eliminados en el vertedero.
La guerra en Ucrania ha puesto, si cabe aún más de manifiesto, la dependencia que tenemos de productos energéticos y materias primas que vienen del exterior. El incremento de precios y la más que probable racionalización que se espera del gas para el invierno que viene, hace necesario más que nunca un replanteamiento de nuestra sociedad del despilfarro.
A pesar de las advertencias desde hace más de una década sobre la necesidad de cambiar el modelo de gestión de residuos, para hacerlo más sostenible, incrementando la recogida selectiva y con ella el reciclado de materiales, lo cierto es que las políticas desarrolladas en Andalucía por las entidades locales han sido a todas luces insuficientes para alcanzar unos objetivos mínimos de reciclado establecidos para el año 2020.
El pasado 9 de abril salió publicada en el BOE la esperada Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta Ley, que transpone la Directiva de residuos, publicada hace cuatro años, intenta invertir el modelo de sociedad en la que vivimos, basada en producir, usar y tirar bienes de consumo, en un modelo de economía circular, donde se reduzca el consumo de materias primas, se alargue la vida de los bienes y se reciclen los residuos que produzcamos.
La Ley de residuos establece unos objetivos para el año 2035, con unos hitos intermedios en los años 2025 y 2030. Estos objetivos están relacionados con la recogida selectiva, el reciclado y los residuos que se terminan eliminando en vertedero.
Según el análisis realizado por nuestra asociación Rethinking, Observatorio de Residuos, la situación de la provincia de Granada está muy lejos de alcanzar los objetivos de la Ley: en recogida selectiva se tendrán que multiplicar por 3 o 4 veces los resultados actuales, en reciclado será necesario multiplicar por 2,5 veces el reciclado actual de los residuos municipales, mientras que los residuos eliminados en vertedero duplican el límite permitido.
Esta deficitaria gestión tiene una importante consecuencia económica. El valor de mercado de los residuos reciclables eliminados en vertedero alcanza los 150 millones de euros. Así mismo, el impuesto a vertedero que comenzará a aplicarse en enero del próximo año 2023 implicará que los ayuntamientos verán incrementados sus costes de tratamiento en 115 millones de euros.
A este incremento de costes y pérdidas económicas se añade la posibilidad real que los ayuntamientos puedan recibir sanciones, ya que no alcanzar los objetivos que marca la Ley de residuos está considerada una falta grave, sancionable entre 2.000 € y 100.000 €.
Desde Rethinking apelamos a los responsables de las administraciones locales a que aprovechen las subvenciones que están llegando con los Fondos NextGenerationEU para no dilatar más los cambios necesarios en el modelo de gestión de residuos y poder afrontar con garantías los retos que trae la nueva normativa de residuos.
