Los ayuntamientos sevillanos podrían dejar de ingresar al año entre 60 y 70 millones de euros, que se elevarían a 320 en toda Andalucía, de las empresas que generan envases si no se modifica la redacción del Real Decreto Ley de Envases y Residuos de Envases, que sustituirá a la actual ley de 1997 de la etapa de Isabel Tocino, y que el Gobierno central tiene en exposición pública hasta el 28 de octubre. Así lo ha advertido la organización Rethinking Observatorio de Residuos, que analizó en un estudio específico junto Greenpeace esos costes. Además de formalizar alegaciones, la entidad ha avisado a los municipios de las importantes repercusiones que tendrá la ley en los servicios que prestan y en su financiación y se muestra sorprendida por la “indiferencia” o el “desconocimiento” que hay entre los políticos locales.
La actual normativa sólo contempla que entidades como Ecoembes o Ecovidrio –con las que las administraciones locales firman convenios– se hagan cargo del coste del reciclado de los envases que se echan directamente al contenedor adecuado. No obstante, el 80% de los que se generan terminan en el gris, mezclados con otra basura, con lo que el coste de separarlos y tratarlos sigue recayendo en la administración local en solitario, que lo repercute en las tasas que cobra a los vecinos.
Según Francisco Peula, presidente de la citada organización y experto en gestión de residuos, en contra de lo que se esperaba con la ley –necesaria para adaptar una directiva europea de 2018, cuyo plazo terminó en 2020 y que se ha abordado ahora con prisas, vía decreto ley– la redacción no ha incluido que esas entidades financien el reciclaje de la totalidad de esos “envases ligeros”, que pueden suponer el 70% del volumen del cubo de la basura, y de forma inmediata, sino que seguirá sólo con los que van a contenedores específicos y se ampliarán a partir de 2026 y con una serie de matices y objetivos que harán que, como mucho, se alcance el 50%.
La misma organización, que defiende la importancia de todo este proceso no sólo en términos medioambientales sino de generación de riqueza y empleo, también ha alegado para que el real decreto no impida el desarrollo de algunos modelos que están dando buenos resultados, como el de húmedo-seco, que funciona en la ciudad de Córdoba.
La organización ha reclamado además más transparencia e información a los ciudadanos, ya que recuerda que el “estancamiento” que existe en “niveles muy bajos de recogida separada” –de sólo el 12% en Andalucía– se debe principalmente al “desapego de la ciudadanía a la gestión de residuos” por la desconfianza en el sistema de gestión.
